Los tramposos dejan el rastro y la Universidad de Granada (UGR) sabe cómo seguirlos. El Centro de Servicios de Informática y Redes de Comunicaciones de la institución universitaria cuenta con unos procedimientos "exhaustivos". La denuncia que se conoció la semana pasada a través de este periódico y que tenía como protagonista a un miembro del personal de administración y servicio -no un informático- que ha sido denunciado por cambiar las notas de su mujer es "un caso excepcional". No todo el mundo tiene acceso a los expedientes académicos, gestión económica... En la Universidad granadina se desarrolla un control físico y a través de software que aporta todo lujo de detalles. A las salas principales de ordenadores tienen acceso un número muy reducido de personas. La mayor computadora está en el edificio Mecenas, aunque hay alguna más en otros centros. En lo que se refiere a programación también es restringido el acceso: solo unas cuatro o cinco personas autorizadas tienen tarjeta y clave.
En el caso de la administración, los expedientes, actividades deportivas... el número es mucho mayor. No obstante, se sigue un control muy específico. En una secretaría de una facultad o escuela, por ejemplo, el administrador debe enviar al Centro de Servicios Informáticos una solicitud por escrito para que la persona en cuestión pueda tener acceso a una aplicación determinada. El jefe controla. "En las secretarías de centros cada vez se están repartiendo más las competencias; el acceso se autoriza a aplicaciones concretas, por lo que unos no conocen el trabajo de los otros", detalla Juan Martos, director del Centro de Servicios de Informática y Redes de Comunicaciones.
Es más, una persona que en Ciencias esté autorizada a acceder a los expedientes académicos solo puede hacerlo al de estudiantes de su centro y en ningún caso a los de otros como pueda ser Medicina, Filosofía y Letras... Por si eso no fuera suficiente, el Servicio de Informática de la UGR dispone de un sistema de seguimiento en el que se registran todas las operaciones que se realizan al detalle, fundamentalmente en cuestiones de "alto riesgo". Las notas es una de las cosas que "más se controla".
En el supuesto de que se modifique una calificación, queda registrado desde dónde se ha hecho -ordenador-, la clave con la que se ha procedido al cambio, qué se ha modificado, hora en que se hizo... Todo. ¿Cuándo se hacen esas comprobaciones? En el momento que haya una sospecha -alguien de la UGR, por ejemplo, sin llegar a los juzgados - o de que haya una demanda judicial de por medio. Lo que no se puede controlar desde el Servicio de Informática es la suplantación de personalidad, esto es, si alguien roba la clave y acceso. Eso ya correspondería a otras vías como son las judiciales.
Juan Martos destaca que el seguimiento se hace a priori. Insiste en que hay un control físico y un control mediante software muy cuidado y en el que se respetan todas las políticas de seguridad. La observación se hace desde el primer momento, desde que el profesor pone la nota en el acta -ya son todas electrónicas y van acompañadas de la firma-. Tras poner el docente la calificación en la secretaría del centro se procede a la verificación y validez. Si posteriormente hay alguna "diligencia" también queda registrada.
Cien aplicaciones
Todo este procedimiento -controlado y registro- lo conoce el personal de administración y servicios. El administrador del centro suele tener también estadillos de supervisión del trabajo del personal. En la Universidad granadina, según explica Juan Martos, disponen de más de cien aplicaciones para la gestión. A las informáticas suelen tener acceso unos 500 miembros del personal de administración y servicios, de los más de 2.000 que lo integran. Todos tienen su clave para aplicaciones muy concretas y sabiendo que todo lo que hacen queda registrado.
Un detalle más, en la Universidad granadina se generan millones de datos, si bien al tramposo se le suele acabar cogiendo. También hay otros sistemas de vigilancia en la UGR que pueden ayudar y aportar datos en el caso de una investigación, como la denunciada en los juzgados y conocida ahora.
Por otra parte, para que haya cesión de datos de una facultad a otra, por ejemplo, se debe pedir permiso a la secretaría general de la Universidad y que esta dé el visto bueno. La secretaría general es la máxima responsable y la que se ocupa de ‘guardar' la información y el buen funcionamiento.
